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Mientras el
Gobierno anuncia que va a reformarse el sistema de pensiones y
propone subir entre otras cosas la edad de jubilación a los 67
años, nuestros políticos –diputados, senadores, eurodiputados,
Presidentes de Comunidades autónomas, miembros del Gobierno y
demás aflatares y altos cargos- disfrutan de unos privilegios
escandalosos si los comparamos con los del resto de los
mortales. Muchos miembros de nuestra clase política pueden
compatibilizar en algunos casos hasta tres pensiones y cobrar la
pensión máxima con tan solo con haber cotizado entre 7 y 11
años, mientras los demás trabajadores debemos haberlo hecho
durante 35 años. Todo un pésimo ejemplo que no habla
precisamente muy a favor de nuestros dirigentes y que pone en
evidencia una vez más la mezquindad de la tribu política.
¿Es de recibo
estas diferencias de trato? La respuesta más objetiva es, NO.
Pero la realidad delata una injusta situación que pasa por que
tanto para los ministros como los secretarios de Estado exista
la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de
pensiones una vez que deciden retirarse o cesar en el cargo para
el que han sido nombrados. Los demás ciudadanos solo podemos
cobrar una, o en el mejor de los casos, dos pensiones, si la
suma de ambas no llega a la cuantía máxima establecida en unos
2.200 euros.
La polémica,
pues, está servida. De hecho, han sido ya varios los dirigentes
políticos que han sido preguntados al respecto y han tenido que
salir al paso para reconocer –entre líneas- que gozan de unos
privilegios difíciles de entender por la ciudadanía, máxime en
estos momentos de crisis y cuando desde el Gobierno se está
pidiendo austeridad y se comienza a recortar en prestaciones,
masacrar en impuestos, amenazar con recortes salariales, reducir
las pensiones o ampliar la jubilación a los 67 años de edad.
Pero ellos no, jamás piensan en recortes, austeridad, ajustes o
sacrificar una mínima parte de sus desproporcionadas pensiones o
abusivas ventajas sociales.
Probablemente,
muy pocos de mis queridos lectores sepan que, mientras todos los
contribuyentes debemos tributar en base a nuestros ingresos
íntegros, un tercio del sueldo de los diputados o senadores no
está sujeto a IRPF porque se considera como indemnización para
gastos de su cargo. Es un escándalo descarado y una sinrazón que
nos debe llevar a pensar de una vez por todas que esta manada de
políticos es un auténtico cáncer y desde luego, no tienen ningún
argumento defensivo para ser considerados como fidedignos
responsables de gran parte de los males y miserias de la
humanidad.
Siguiendo
discerniendo en torno a las prebendas de los políticos en cuanto
al tema que nos ocupa, la primera gran diferencia entre una
pensión pública y una pensión de un alto cargo, o mejor dicho
entre un ciudadano y un alto cargo institucional, es que así
como el ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del erario
público, el ministro, el senador, diputado, secretario, etc…,
podrán percibir dos y tres salarios del Erario Público. ¿Dónde
se encuentra el límite de los políticos entre la decencia y la
indecencia?, ¿hasta cuando el farisaísmo, hipocresía y
obscenidad?
Otra gran
diferencia, es que los ciudadanos estamos obligados a cotizar
durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora
de la pensión a la que tengamos derecho, sin embargo a los
miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular
siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de
jubilación. Y este gran privilegio lo tienen gracias a lo que
ellos denominan pensión parlamentaria, que es la pensión que las
Cortes Generales abonan con cargo al presupuesto a quienes hayan
sido miembros del Congreso de Diputados o del Senado durante al
menos 7 años. Esta pensión parlamentaria se creó para los
supuestos en que los parlamentarios no alcanzaran el límite
máximo de pensiones públicas. En esos casos las Cámaras abonan
la diferencia entre ese límite de pensión máxima y la pensión
percibida por el diputado, en resumen, las Cámaras pagarán el
dinero necesario hasta que el diputado alcance la base máxima de
jubilación. ¿Se puede tener más cara dura?Los parlamentarios
cobran además una indemnización por cese equivalente a una
mensualidad de la asignación constitucional por cada año de
mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite
de 24 mensualidades. Esta indemnización además se abonará
mensualmente.
Los ministros
tampoco se quedan cortos y cuando cesan en su cargo perciben el
80% de su salario durante los dos años siguientes pudiendo
compatibilizar este ingreso con el sueldo de diputado o
senador. Pero hay más. Se han dado casos, como el de Pedro
Solbes, que han compatibilizado su indemnización por dejar el
escaño en el Parlamento europeo y su cargo de ex comisario
europeo con su pensión de dos años como ex ministro del
Gobierno.
Mientras
tanto, desde el Gobierno hablan de austeridad y de contención
económica. Es muy significativo que ninguno de los ex
parlamentarios o ex ministros renuncien a su indemnización y
sigan acumulando y simultaneando pensiones y remuneraciones con
todas las garantías legales y con el dinero de los
contribuyentes, amén de sus negocios particulares.¿Acaso –por
poner dos ejemplos- necesitan Felipe González o José María Aznar
las millonarias pensiones que obtienen del Erario Público con lo
que logran a través de sus suculentos negocios privados? Lo
normal sería que vivieran de su trabajo como hacemos cualquier
español de a píe. Sin embargo, hay dos clases de ciudadanos: los
meros contribuyentes y los políticos, que obtienen unos
privilegios inauditos.
Y ahora, tal
como manda el Gobierno: trabajemos más, cobremos menos, tengamos
menos calidad de vida, paguemos más impuestos y votemos. No nos
debe extrañar que se maten entre ellos para lograr entrar en la
cueva de Alí Baba. |
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